Aunque la preocupación por la degradación del ambiente se
manifestó de diferentes formas a lo largo de la historia de la humanidad, los actuales
ecológicos comienzan a tomar forma en 1869 cuando el biólogo alemán Ernst Haeckel
define a la ecología (oikos = casa; logos = tratado, conocimiento) como el
estudio de la economía de la Naturaleza y la investigación de las relaciones de las
plantas y de los animales con los ambientes orgánico e inorgánico en que viven; el
hombre, como todos los demás seres vivos, también mantiene relaciones con el medio,
formando parte de los estudios ecológicos.
Sólo en la delgada capa de aire, agua y tierra denominada biósfera (esfera de vida) se
reúnen las condiciones fisicoquímicas que posibilitan la vida sobre la Tierra y en ella
se presentan todos los ecosistemas posibles que, en conjunto, poseen cierta capacidad de
autorregulación o búsqueda del equilibrio; cuando éste es perturbado por ataques muy
fuertes o repetidos por parte del hombre, se produce una peligrosa modificación del
sistema, que puede afectar incluso el equilibrio ecológico del planeta.
Actualmente, las modificaciones de los ecosistemas naturales y la contaminación son causa
de honda preocupación; este cambio de actitud hacia el mejoramiento y conservación del
ambiente comenzó en los países ricos, extendiéndose lentamente a los menos
desarrollados, a medida que los gobiernos empezaron a comprender que interesarse tanto en
el aspecto global como también en los problemas ambientales internos de cada país,
conducirá a una utilización racional de los recursos naturales y de la energía,
redundando en el mantenimiento del equilibrio terrestre.
El estudio de los ecosistemas y sus alteraciones diríamos que se inicia con el
“Programa Biológico Internacional” llevado a cabo entre 1966 y 1972 y
particularmente el programa de la UNESCO “El hombre y la biósfera” que
comprende catorce proyectos de investigación de los ecosistemas, entre ellos las selvas
tropicales, la región mediterránea, las zonas templadas y la ecología de las grandes
ciudades. En Abril de 1968 se fundó el Club de Roma, cuyo objetivo era alcanzar y
difundir un conocimiento real de los problemas económicos y del ambiente y encontrarles
soluciones; su primera iniciativa consistió en encomendar a científicos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) la elaboración de un “modelo” de las
fuerzas complejas e interdependientes que influyen en el crecimiento económico.
El informe fue publicado en 1972 con el título de “Los límites del
crecimiento” e incluye cinco variables como limitantes del mismo: la población en
continuo aumento; la producción industrial; la producción agrícola; la contaminación y
el consumo de los recursos naturales. Las conclusiones del trabajo plantearon la necesidad
de renunciar a la idea de que el proceso de crecimiento económico podía continuar de
manera indefinida e ilimitada.
Continuando la línea de los trabajos del Club de Roma y del MIT, en Enero de 1972, un
grupo de científicos británicos publicó en la revista The Ecologist, un documento
titulado “Manifiesto para la supervivencia” que constituyó un paso
importante en la toma de conciencia respecto de los problemas que plantean la creciente
degradación del ambiente y la contaminación y sobre la necesidad de un cambio para
minimizar la destrucción de los procesos ecológicos, lograr una mejor administración de
los recursos no renovables y crear un nuevo sistema social.
La iniciativa más importante tomada en el terreno de la conservación del medio y de la
lucha contra la contaminación, la constituyó la Conferencia Mundial sobre Medio
Ambiente, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de Junio de 1972, convocada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistieron representantes de 113
naciones y donde se firmaron una serie de importantes acuerdos.
Entre las recomendaciones adoptadas, pueden consignarse:
- Proclamación del 5 de Junio como Día del Medio Ambiente.
- Condena a las pruebas nucleares, especialmente las verificadas en la atmósfera.
- Llamamiento a los gobiernos con vistas a un acuerdo internacional para detener la pesca
de la ballena durante un período de 10 años.
- Propuesta de extensión de la firma de la Convención de Reykiavik, de 1972, para la
lucha contra la contaminación marina por los hidrocarburos.
- Creación de una red mundial de vigilancia de la calidad atmosférica, formada como
mínimo por cien estaciones.
- Resolución para reducir la producción de materiales sintéticos e incrementar
paralelamente la manufactura de sustitutos degradables no contaminantes.
Resultados concretos de la Conferencia fueron la aprobación de la “Declaración
sobre Medio Humano”, y el “Plan de Acción para el Medio Ambiente”.
Tanto este plan como las diversas organizaciones no gubernamentales interesadas en la
ecología, indicaban la necesidad de que la ONU contara con un organismo especial para
estudiar constantemente la cuestión, por lo que se creó, también en 1972, el
“Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA, en inglés:
UNEP) con sede en Gigiri, Kenia.
Posteriormente se estableció una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CMMAD) que en 1983 fue encargada de preparar un "Programa Mundial para el
Cambio", cuyos resultados se tradujeron en un informe presentado en 1987 denominado "Nuestro
Futuro Común" (o Informe Bruntland), donde se manifiesta que para que sea viable
el progreso económico y social, debe evitarse la explotación indiscriminado de los
recursos naturales; también se recomienda fortalecer y ampliar la aplicación de leyes y
acuerdos internacionales en favor de un desarrollo sustentable, reafirmando además el
derecho soberano de las naciones a explorar y explotar sus recursos.
Este informe y el agravamiento de la contaminación ambiental determinaron que, mediante
la Resolución Nº 44/228 de Diciembre de 1989, se convocara a la realización de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED/CNUMAD),
a realizarse en Junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, conocida como ECO-92.
En abril de 1991 se efectuó en Las Leñas, Mendoza, Argentina, un encuentro organizado
por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Bariloche y la Fundación
Mediterránea, que constituyó la principal reunión de organizaciones no gubernamentales
con vistas a la ECO-92. Por otra parte, en el mes de Agosto se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza, la reunión del comité preparatorio de la CNUMAD, en la que se comenzó a discutir
la “Carta de la Tierra”, que es una declaración de principios de todas
las naciones respecto del ambiente y el desarrollo. La última reunión preparatoria de la
Cumbre fue celebrada en Nueva York en Marzo y Abril de 1992.
Entre el 5 y el 14 de Junio de ese año se realizó en Río de Janeiro la II
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Cumbre de la Tierra o ECO-92)
que contó con la presencia de representantes de 178 naciones, 118 jefes de Estado, más
de 3.500 organizaciones civiles y varios invitados especiales, entre ellos el oceanógrafo
Jacques Cousteau. Durante la Conferencia convocada bajo el lema “Hay que salvar a la
Tierra”, se alcanzaron una serie de acuerdos plasmados luego en documentos que, si
bien no tienen fuerza jurídica, representan otro paso importante hacia una conciencia
ecológica en el orden mundial; entre ellos se destacan:
Convenio sobre Cambio Climático: Plantea, sin considerar mecanismos específicos,
la disminución de la emisión de gases, particularmente el dióxido de carbono, que ha
provocado el progresivo calentamiento del planeta (“efecto invernadero”) y
peligrosas alteraciones en la naturaleza.
Convenio sobre Biodiversidad: Intenta regular el equilibrio entre la riqueza
genética de las especies de plantas y animales de los países del Tercer Mundo y la
explotación tecnológica que hacen de estos recursos las naciones desarrolladas. Este
documento no fue firmado por EE.UU. por considerarlo lesivo a su política de
“equilibrio” entre ecología y economía.
Declaración de Principios de Florestas: Es un acuerdo para lograr un consenso
mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de las
masas forestales. Algunos de sus puntos destacados son:
- La política forestal de cada país debe reconocer y apoyar debidamente la cultura y los
intereses y respetar los derechos de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y de
los habitantes de las zonas boscosas.
- Reconocimiento de la función vital que cumplen los bosques en el mantenimiento de los
procesos y el equilibrio ecológico y como sumideros de carbono.
- Los países que desarrollen una gestión nacional de sus recursos forestales tendrán
acceso a tecnologías en términos favorables, preferenciales y concesionales.
Agenda 21: Programa de 40 capítulos que enuncian las 157 áreas de acción que los
gobiernos que la adoptaron (la Argentina fue el primero) proponen encarar para conseguir
en el siglo XXI un nivel de desarrollo no inferior al que había en 1990; es lo que se
denomina “desarrollo sustentable”. Entre esas acciones se encuentran:
- La protección de la atmósfera y el apoyo al estudio y la investigación sobre las
cuestiones del ambiente y del desarrollo que guardan relación con el aire que nos rodea.
- Medidas contra la deforestación, la desertificación y la sequía y la gestión de los
ecosistemas frágiles como montañas, sierras semiáridas, marismas, pequeñas islas y
ciertas zonas costeras.
- Gestión racional y con parámetros ecológicos de los residuos urbanos, sólidos y
líquidos, químicos tóxicos, peligrosos y radiactivos.
- Protección de los océanos, de los mares, las aguas dulces y las zonas costeras, con
una utilización racional de sus recursos vivos y de su hábitat.
- Mecanismos financieros para poder desarrollar las acciones previstas y el
fortalecimiento de las instituciones actuales para lograr un desarrollo económico acorde
con la conservación de la naturaleza.
Declaración de Río: Documento que recoge 27 principios básicos para una
“nueva y equitativa” alianza mundial, reafirmando la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada el 16 de Junio de 1972 en Estocolmo.
Por su parte, los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
realizaron un Foro Global, paralelo a la Conferencia, en el que elaboraron 32 tratados y
efectuaron denuncias públicas respecto de las políticas de fuerte impacto ambiental,
consecuencia del accionar de muchas empresas, generalmente multinacionales; elaborando
también varias listas de tecnologías y productos tóxicos. Las ONGs abogaron por una
completa participación democrática en la toma de decisiones, subrayando el importante
rol de las mujeres y de los pueblos indígenas en la preservación de los ecosistemas.
A pocos años de haberse realizado la Cumbre de la Tierra, no son tan drásticos ni
rápidos los resultados obtenidos a los compromisos asumidos en la misma; sin embargo,
lentamente, se van produciendo cambios en las actitudes, tanto de los gobiernos como de
todos los habitantes del planeta respecto al ambiente. Gran parte de la preocupación
actual sobre este tema, se centra en cuatro problemas: el cambio climático, la
destrucción de la flora y la fauna, la superpoblación y la desaparición del ozono.
El
hombre, para satisfacer sus necesidades, ha utilizado los recursos de la Naturaleza,
modificándola. La aparición de la agricultura, el crecimiento de la población y el
desarrollo industrial han producido alteraciones en el ambiente, situación que se ha
agravado como consecuencia del aumento de nuestros niveles de consumo, de la cantidad de
energía que necesitamos, de la magnitud de los recursos que generamos y de las
tecnologías que elegimos para llevar adelante nuestras diversas actividades, rompiendo el
equilibrio entre los organismos, nosotros y el entorno.
Infinidad de actividades humanas son capaces de producir contaminación, y esta
problemática actualmente ha trascendido el nivel meramente científico para constituir
una prioridad política y social, en especial debido a que la dirección de los procesos
productivos sigue una tendencia hacia un mayor deterioro del planeta, con lo que peligra
la vida de muchas de las especies, incluida la humana.
Así, anualmente seis millones de hectáreas de tierra productiva se convierten en
desierto estéril; también se destruyen más de veinte millones de hectáreas de bosques
por año, las que en gran parte se convierten en tierras de cultivo de calidad inferior,
incapaces de alimentar a los agricultores que las trabajan. Las lluvias ácidas eliminan
bosques y lagos y dañan el patrimonio artístico y arquitectónico de las naciones, hasta
el punto en que vastas extensiones de tierra acidificada ya no podrán recuperarse.
El uso de combustibles fósiles arroja a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de
carbono que causan un calentamiento gradual del planeta. Este “efecto de
invernadero” puede llegar a elevar hacia principios del siglo próximo la temperatura
media de la Tierra lo suficiente como para desplazar zonas de producción agrícola,
aumentar el nivel de los mares que inundará áreas y ciudades costeras y trastornará las
economías nacionales.
Otros gases industriales amenazan con agotar la capa de ozono que protege el planeta hasta
un punto tal que podrán aumentar drásticamente los casos de cáncer en hombres y en
animales y se perturbará la cadena alimentaria de los océanos. La industria y la
agricultura introducen tal cantidad de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria humana
y en los niveles freáticos que en muchos casos resultará imposible purificarlos.
Entre los principales agentes de contaminación se encuentran los derivados del carbono,
del azufre, del nitrógeno y del fósforo, los hidrocarburos, los plaguicidas, la
radiación nuclear, el flúor y el cloro y los metales pesados, especialmente el mercurio
y el plomo.
La importancia de la contaminación o polución atmosférica adquiere su mayor
trascendencia en las últimas décadas, y fue definida por el Consejo de Europa en 1967 de
la siguiente forma: "Hay polución del aire cuando la presencia de una sustancia
extraña o la variación importante en la proporción de sus constituyentes, es
susceptible de provocar efectos perjudiciales o de crear molestias, teniendo en cuenta el
estado de los conocimientos científicos del momento".
Esas sustancias extrañas constituyen los agentes contaminantes de la atmósfera y pueden
dividirse en biológicos, físicos, químicos y partículas. si bien muchos de ellos
existen en la naturaleza, la actividad humana puede ocasionar una multiplicación de esos
agentes. Entre las principales fuentes donde se origina la contaminación, se encuentran
los medios de transporte, los procesos industrales, la producción de energía y las
actividades de las áreas urbanas. La importancia de cada una de estas fuentes está
relacionada con la concentración de los agentes emitidos y de las condiciones
meteorológicas locales, en particular la presencia de vientos y el grado de humedad.
Los efectos más espectaculares de la contaminación del aire se observan en el efecto
"invernadero", la "lluvia ácida" y en la aparición del agujero de
ozono. Por el efecto invernadero, resultado principalmente del aumento del dióxido de
carbono y la deforestación, se produce un aumento de la temperatura del planeta, cuyos
primeros efectos son las inundaciones descontroladas. Se ha comprobado una elevación de
0,18° C en la temperatura promedio mundial, desde comienzos del siglo hasta ahora; si las
emisiones de gases invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y
clorofluorocarbonos) continúan creciendo de acuerdo a los índices actuales, los modelos
climáticos sugieren que las temperaturas globales se elevarán de 1,5 a 4,5° C hacia el
año 2050 y que los niveles del mar subirán de 0,8 a 1,8 metros durante el próximo
siglo.
La lluvia ácida es consecuencia de las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de
azufre que se acumulan en la atmósfera y regresan a la superficie terrestre en forma de
polvo ácido, o mezclados con la humedad atmosférica precipitan con la lluvia y la nieve
como ácidos nítrico y sulfúrico, en el fenómeno denominado lluvia que provoca la
muerte de plantas y peces, erosión de edificios, acidulación de suelos y contaminación
de alimentos.
En cuanto al agujero de ozono, descubierto en 1984 y cuya superficie alcanzaba en 1991 los
21 millones de km², el mismo es provocado por la disminución de este gas en la
tropósfera y estratósfera, fenómeno que se presenta en forma natural en primavera en
las regiones polares, especialmente en la Antártida. Este gas tiene como función
principal la de proteger la vida terrestre de los nocivos efectos de la radiación
ultravioleta de onda corta, absorbiéndola. El hombre contribuye en la disminución del
ozono, mediante la emisión de óxidos de nitrógeno, metano y clorofluorocarbonados.
Dentro del grupo de los contaminantes físicos de la atmósfera, se encuentra el ruido que
ha adquirido cada vez mayor importancia con el desarrollo de la civilización industrial y
urbana. Sus principales fuentes se encuentran en los medios de transporte, la maquinaria
industrial, las actividades propias de la construcción, los locales destinados a la
música, las sirenas y las alarmas. Los parámetros que caracterizan los ruidos son: el
nivel o intensidad, la frecuencia y la duración.
El incremento de la población y de la actividad industrial ha ocasionado un aumento
constante de la polución de ríos, lagos, aguas subterráneas y océanos. La
Organización Mundial de la Salud definió en 1961, la contaminación de las aguas dulces
indicando: "Debe considerarse que un agua está polucionada, cuando su composición o
su estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones a una u otra o al
conjunto de utilizaciones a las que se hubiera destinado en su estado natural".
El agua dulce es naturalmente potable, pero las modificaciones que se realicen a sus
propiedades físicas, químicas o biológicas, pueden hacerle perder esta cualidad. Los
efectos de la contaminación están íntimamente relacionados con el uso que tengan las
aguas: sea para consumo directo (bebida, limpieza personal y domiciliaria), o indirecto,
como es la producción de alimentos o el riego (por el cual las plantas incorporan
contaminantes que luego son transmitidos a quienes se alimentan de ellas. Las principales
fuentes de contaminación son los vertidos incontrolados de origen diverso, siendo los
principales las aguas residuales urbanas, las actividades industriales y agrícolas.
En lo referente a las aguas marinas, si bien poseen una alta capacidad de autodepuración,
especialmente en la zonas costeras, el vertido de desechos o de aguas residuales, ha
determinado una alteración del equilibrio del ecosistema hasta límites intolerables. Los
contaminantes presentes en el agua de mar incluyen hidrocarburos, residuos urbanos,
agrarios e industriales, detergentes, productos radiactivos y metales pesados, siendo el
petróleo el que mayores efectos ha ocasionado, en especial por su derrame (la “marea
negra”).
Por otra parte, la intensificación de los cultivos fue degradando los suelos de sus
nutrientes naturales, por lo que se aumentó la aplicación y el volumen de los
fertilizantes utilizados en las actividades agrícolas, así como el de los pesticidas y
plaguicidas para combatir los organismos indeseables, plantas o animales, y lograr el
mejor desarrollo de los cultivos. La incorporación de estos elementos, así como la de
los distintos residuos urbanos e industriales, modifican las características originales
del suelo y su presencia implica serios problemas para la porción biótica que sustenta;
además, los contaminantes que ha recibido pueden transferirse a las capas más profundas,
a las aguas superficiales y a las subterráneas.
Los desperdicios y desechos sólidos, líquidos y gaseosos producidos por el hombre,
pueden ser clasificados en residuos urbanos, agrícolas e industriales. Los urbanos
comprenden los generados por la población (domésticos), por las actividades comerciales,
industriales y de servicio que se desarrollan en la ciudad. Incluyen materia orgánica,
papel, plásticos, madera, goma, telas, vidrio, aluminio, metales varios, escombros, etc.
Las industrias por su parte, de acuerdo a la actividad que desarrollen pueden generar una
gran cantidad de residuos tóxicos o peligrosos para el ambiente, cuyo almacenaje o
disposición final es de suma importancia, en particular los radiactivos y los
biosanitarios o patológicos.
También los alimentos pueden sufrir contaminación, que puede ser, básicamente
biológica o química. La primera es generada por diferentes tipos de bacterias, virus,
homgos y parásitos que pueden incorporarse a los alimentos durante su producción,
procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución o preparación para el consumo.
Son muy sensibles a este tipo de contaminación los alimentos frescos: carne, leche,
pescados, mariscos y todos los productos derivados.
La contaminación química comprende sustancias que aparecen como impurezas o como
aditivos. Entre las impurezas se destacan los fertilizantes, los plaguicidas y los metales
(plomo, arsénico, mercurio, cobalto, estaño), que se encuentran por lo común en
cereales y peces provenientes de áreas cercanas a centros industriales.
Los aditivos son utilizados en la industria de la alimentación y fueron definidos en
1955, por el Comité Mixto de la FAO y de la OMS como: “sustancias no nutritivas
añadidas intencionadamente a los alimentos, normalmente en pequeñas cantidades, para
mejorar la apariencia, el sabor, la consistencia o las propiedades de conservación”.
Pueden agruparse en acidulantes, antioxidantes, aromatizantes, colorantes, conservantes,
edulcorantes, emulsionantes, espesantes y saborizantes. Son utilizados para dar a ciertos
productos sabor a carne o a verdura, para elaborar “jugos” de frutas, para
blanquear pan hecho con harina de baja calidad, para evitar que aceites y grasas se
vuelvan rancios, para estabilizar la mezcla de los ingredientes o para controlar la
proliferación de hongos.
Entre el 28 de Marzo y el 7 de Abril de 1995, se llevó a cabo en Berlín la Conferencia
de la ONU sobre Cambio Climático, con la participación de 130 países, en la que se
aprobó el llamado “Mandato de Berlín” que abrirá negociaciones para
elaborar hasta 1997, un protocolo vinculante para la limitación y disminución de los
gases contaminantes, que recoge el objetivo del Convenio firmado en la ECO92, de emprender
reducciones con respecto a los niveles de 1990, en los años 2005, 2010 y 2020, sin
especificar cantidades y con una fórmula de compromiso en el desarrollo sostenible para
los países del Tercer Mundo.
Varios
países europeos ya han emprendido medidas concretas: Alemania pretende recortar en un
tercio sus emisiones de dióxido de carbono para el 2005. Dinamarca, los Países Bajos y
el Reino Unido han creado nuevos impuestos sobre el combustible para fomentar la
conservación de la energía, aunque la Unión Europea, en su conjunto, no alcanzará el
objetivo de Río de reducir las emisiones del llamado gas-invernadero. En Estados Unidos,
el panorama es incierto y no se confía en poder alcanzar los objetivos actuales al
respecto para el año 2000; Japón prevé que las emisiones de dióxido de carbono habrán
aumentado un 3 % para ese año. China ha redactado su propia versión de la Agenda 21 y ha
reconocido la necesidad de crecimiento sostenible, pero al mismo tiempo, el gobierno está
haciendo planes para un rápido crecimiento de la producción de automóviles.
Otros de los convenios firmados en Río aspira a detener la pérdida de biodiversidad y,
si bien hace un llamamiento a los países para que identifiquen las especies en peligro y
preserven los lugares donde viven, no detiene el avance de empresas madereras que están
talando o quemando bosques tropicales en Sudamérica, África y Asia, peligrando
actualmente, también los bosques de Siberia. Este acuerdo tiene escaso apoyo en Estados
Unidos, donde la protección de especies en peligro suele considerarse como una amenaza
para el libre uso de la propiedad privada.
En lo referente a la capa de ozono, aunque los clorofluorocarbonos (CFC) están siendo
eliminados, continúa la desaparición del ozono y sus efectos podrían mantenerse en el
mundo durante décadas. Un mecanismo de vigilancia de la capa de ozono se instaló en el
satélite europeo ERS-2, de observación terrestre, en órbita desde el 21 de Abril de
1995.
Por otra parte, en cuanto a la reducción de la contaminación, los países
industrializados han adoptado el reciclado de residuos y el uso de productos
biodegradables; métodos que también se están comenzando a utilizar en los países en
vías de desarrollo. Podría decirse que este es el campo que presenta resultados más
notables en el compromiso con la ecología.
En años recientes, los problemas globales de reducción de la capa de ozono y de
calentamiento por efecto invernadero, han relegado a un segundo término el riesgo de
exceder la capacidad de absorción de la Tierra de nuestra producción de desechos; y
menos aún se tienen en cuenta las consecuencias de sobrepasar el nivel de suministro
sostenible de recursos esenciales, así como en qué medida hemos rebasado ya ese umbral.
Si la utilización de recursos continúa al ritmo actual, de incrementarse la población
mundial según lo previsto, hacia el año 2010 la disponibilidad por habitante de pastos
caerá en un 22 % y las capturas de pesca en un 10 %, dos fuentes de alimentos que juntas,
suministran gran parte de las proteínas animales de la humanidad. La superficie “per
cápita” de terrenos de regadío, que ahora rinden casi un tercio de la producción
mundial de alimentos, disminuirá en un 12 %; y la superficie por persona de tierras de
cultivo y de bosques decrecerán en un 21 % y un 30 % respectivamente.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de Junio de 1992. Reafirmando la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en
Estocolmo el 16 de Junio de 1972, y tratando de basarse en ella. Con el objetivo de
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles
de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. Procurando
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. Reconociendo
la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, proclama que:
Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
Principio 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus
propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la
responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras.
Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada.
Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a
fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades
de la mayoría de los pueblos del mundo.
Principio 6: La situación y las necesidades especiales de los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el
punto de vista ambiental, deberán recibir prioridad especial. En las medidas
internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se
deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.
Principio 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial,
para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio
ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los
países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda
internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades
ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de
que disponen.
Principio 8: Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida
para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar los sistemas de
producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.
Principio 9: Los Estados deberían cooperar para reforzar la creación de
capacidades endógenas para lograr un desarrollo sostenible, aumentando el saber
científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e
intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de
tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.
Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el
plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre
los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.
Principio 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio
ambiente. Las normas ambientales, y los objetivos y prioridades en materia de ordenación
del medio ambiente, deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y
representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular
los países en desarrollo.
Principio 12: Los Estados deberían cooperar para promover un sistema económico
internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo
sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la
degradación ambiental. Las medidas de política comercial para fines ambientales no
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una
restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas
unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la
jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas
ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en
un consenso internacional.
Principio 13: Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a
la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y
otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más
decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas
fuera de su jurisdicción.
Principio 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar
la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y
sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud
humana.
Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Principio 16: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la
internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo
en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar con los
costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
Principio 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad
de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente.
Principio 18: Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos
súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer
todo lo posible para ayudar a los Estados que resulten afectados.
Principio 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y
notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que puedan verse afectados por
actividades que puedan tener considerables efectos ambientales nocivos transfronterizos, y
deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.
Principio 20: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del
medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sostenible.
Principio 21: Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los
jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo
sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.
Principio 22: Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades
locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el
desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que
participaran efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.
Principio 23: Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los
pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
Principio 24: La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En
consecuencia, los Estados deberán respetar el derecho internacional proporcionando
protección al medio ambiente en época de conflicto armado, y cooperar para su ulterior
mejoramiento, según sea necesario.
Principio 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables.
Principio 26: Los Estados deberán resolver todas sus controversias sobre el medio
ambiente por medios pacíficos y con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.
Principio 27: Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe y con
espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta
Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del
desarrollo sostenible.
El Congreso Nacional cuenta en cada una de sus cámaras con comisiones
especializadas en temas ecológicos: la Cámara de Diputados tiene la Comisión de
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, creada en 1973; y la de Senadores,
la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano, creada en 1974. En el ámbito provincial,
la mayoría de las legislaturas ya cuenta con comisiones especiales para el tratamiento de
los problemas del ambiente. Del mismo modo, a nivel municipal, las principales ciudades
han creado sus respectivas comisiones.
Para concertar y coordinar las políticas y regímenes jurídicos, en especial entre la
Nación, las 23 provincias y la Capital Federal, se creó en 1990 el Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), integrado por una Asamblea, la Secretaría Ejecutiva y la
Secretaría Administrativa.
El año 1991, marcó el inicio de una nueva etapa en materia ambiental para nuestro país,
pues tanto la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH,
elevada en Junio de 1996 al rango de Ministerio), como la sanción de la Ley Nº 24.05l de
Residuos Peligrosos, significaron una mayor preocupación del Estado por mejorar la
calidad de vida de la población, además de brindarle a los jueces una herramienta
válida para defenderla.
El 5 de Julio de 1993 el Presidente de la Nación y los 23 gobernadores provinciales
firmaron el Pacto Federal Ambiental, que adopta los principios de la Agenda 21, emanada de
la Cumbre de la Tierra de 1992. El órgano creado y designado por el Pacto para definir y
ejecutar la política ambiental es el COFEMA.
La Constitución de la Nación, dictada en 1853 y enmendada parcialmente en 1860, 1866,
1898 y 1957, no contenía cláusulas ambientales. La reforma de Agosto de 1994 incorporó
dos artículos, el Nº 41 y el Nº 43 referidos a la protección del ambiente. En cuanto a
las constituciones provinciales, muchas de ellas reformadas en la última década, la
mayoría contiene cláusulas ambientales o referentes a los recursos naturales. Si bien no
existe aún una Ley Nacional Ambiental, algunas administraciones provinciales, dictan sus
propias leyes y proyectos ambientales. El marco de la Constitución autoriza a las
provincias a celebrar entre sí tratados interprovinciales de interés económico y
dispone que den conocimiento de los mismos al Congreso de la Nación.
Nuestro país padece de una serie de problemas ambientales de variada naturaleza,
asociados a diversas actividades humanas, que ponen en peligro el desarrollo sustentable
del país. El nivel de contaminación atmosférica, el volumen de residuos urbanos e
industriales y la congestión vehicular que afectan a la ciudad de Buenos Aires y a todo
el conurbano bonaerense, son las cuestiones que más llaman la atención por sus
dimensiones y el número de personas damnificadas; pero también existen problemas
similares que se presentan en zonas urbanas y rurales en las distintas regiones del
territorio nacional.
Los grandes ecosistemas naturales no coinciden con los límites de las provincias en que
se encuentra dividida la Argentina, este es un primer gran problema ya que aunque las
Reservas y Parques Nacionales intenten mantener bajo protección una cierta muestra de
ambientes, esa conservación es insuficiente, pues el territorio protegido surge por
donación de cada jurisdicción y no puede continuarse en la aledaña si no existe esa
misma sesión.
Así como existen libros rojos que registran las especies animales en extinción, la
Argentina también tiene el de los ecosistemas amenazados. Ellos son, fundamentalmente, el
de la selva subtropical occidental, la selva misionera, los bosques fríos, el ecosistema
pampeano y los algarrobales del espinal; así, por ejemplo, toda la provincia de Misiones
y gran parte de Corrientes estaban ocupadas por el ecosistema de la selva subtropical
oriental y de los humedales Paranaenses. Actualmente esa selva apenas sobrevive en el
Parque Nacional Iguazú y en otros manchones en territorio misionero, el resto ha sido
transformado en cultivos de té, yerba mate y pinares. Lo mismo ha sucedido con la selva
subtropical occidental, el ecosistema de las “yungas”, que va siendo diezmada en
Jujuy, Salta y Tucumán, con el avance de la agricultura y las ciudades. En la provincia
de Buenos Aires, casi no hay rastros de los pajonales y de los animales que los habitaban.
Si bien en líneas generales los ecosistemas subsisten, como los montes de la zona
chaqueña, los bosques subantárticos o la estepa patagónica, la superficie que ocupan y
su diversidad biológica, disminuyen continuamente, como consecuencia de la expansión de
las fronteras agropecuarias y urbanas; también la pérdida de antiguos cultivos por
erosión y salinización continúa a un ritmo acelerado. Sin ecosistemas en buen
funcionamiento habría crisis en el suministro de agua, en la provisión de maderas,
leña, plantas medicinales y en la formación de los suelos; elementos clave para lograr
un desarrollo sostenido, por lo que es necesario promover métodos agrícolas, ganaderos,
forestales, de pesca y de ordenación de la fauna y flora silvestre, que utilicen,
mantengan y aumenten la biodiversidad.
También
se presenta un problema común a casi todos los países del continente: el de la deforestación.
En la Argentina las más afectadas han sido las forestas de la selva serrana subtropical,
la selva misionera y el bosque chaqueño. Este último podría ser uno de los más
vulnerables del país, donde a la deforestación se agregan actividades de alto poder de
degradación, como la industrialización de los productos forestales, los planes de
colonización, la caza indiscriminada y el pastoreo inadecuado. Los bosques subantárticos
también han sido afectados por intensas talas, incendios y expansión de especies
exóticas de la fauna y la flora.
La reducción de la superficie forestal total del país ha sido del 66 % en 75 años; así
se pasó de 106,2 millones de hectáreas en 1914 a 59,2 millones en 1956 y 37,5 millones
en 1985. Entre 1940 y 1986 la superficie boscosa disminuyó a un promedio de un millón de
hectáreas por año. Si esta tasa de destrucción se mantuviera, nuestro país perdería
la totalidad de su patrimonio forestal hacia el año 2025.
Uno de los principales problemas en cuanto a los recursos con los que cuenta nuestro
país, está relacionado con la degradación de los suelos en las zonas agrarias,
más específicamente en las zonas pampeana y chaqueña. Entre los principales daños
provocados en estas productivas áreas se encuentran: la salinización ocasionada por las
inundaciones; la contaminación por agroquímicos y el manejo irracional de los suelos. Ya
en 1967 se estimaba que, de un total de 41 millones de hectáreas de tierras áridas y
semiáridas en la Argentina, cerca del 40 % estaba afectada por la erosión eólica. Si a
ello se le agrega la creciente erosión hídrica, que sólo en el Norte de la provincia de
Buenos Aires y Sur de Santa Fe afecta a más del 36 % de su superficie agrícolo ganadera
y la salinización de tierras bajo regadío, el cuadro se complica. Otra área del país
que sufre problemas en sus suelos, pero provocados por sobrepastoreo ovino y por la
erosión eólica, es la región patagónica, aparentemente la desertificación ha
avanzado a un ritmo de 200 a 300.000 hectáreas por año desde el inicio de la década de
los 80. Cerca del 70 % de la superficie patagónica se encuentra afectada por la erosión
hídrica y eólica. De ese total, más del 30 % corresponde a fenómenos de erosión
calificados como de tipo severo y grave. Las provincias más afectadas por el problema son
Santa Cruz y Neuquén; en estados intermedios se hallan Chubut y Río Negro, en tanto que
Tierra del Fuego aún no presenta grandes manifestaciones de este proceso.
El área patagónica se encuentra también afectada por la contaminación producida
por el vertido de petróleo, especialmente en zonas cercanas a las costas, el que al
depositarse en piletones, provoca la muerte de numerosas aves acuáticas que confunden
estas áreas con el espejo de lagunas naturales y, al descender, se impregnan con el
líquido viscoso, se hunden y mueren asfixiadas.
Todos los ecosistemas argentinos están perdiendo especies vivas, ya sea porque se
destruyen los bosques y los pastizales naturales; por incendio, caza despiadada o
contaminación. Nuestro país ha sido uno de los principales proveedores del mercado de
cueros, pieles y animales vivos del mundo. Esta destrucción, que va desde la exportación
irracional de miles de cueros de lampalagua e iguana, hasta la captura de aves nativas
para su venta pública, pasando por la extracción de plantas ornamentales y medicinales
con raíz, hace peligrar nuestra calidad de vida y el bienestar de nuestros descendientes.
En la fauna argentina, 26 familias tienen especies amenazadas o en franco peligro de
extinción. De unas 300 especies de mamíferos, 80 están amenazadas (el 26 % del total);
de 950 especies de aves, el 17 % está en peligro (159 especies); y de un total de 250
especies de reptiles, 18 están en esas condiciones, representando el 7 % de ese total.
También 79 familias de plantas tienen en especies amenazadas, entre ellas: quebracho
colorado, tabaquillo, cedro, lapacho, lenga, pehuén, raulí, algarrobo, caldén y
numerosas hierbas medicinales.
En los últimos años, las fronteras agropecuarias y urbana se han expandido, lo que
representa una gran amenaza a la biodiversidad. Al comienzo las especies desaparecen de
algunas zonas, luego en varias provincias y finalmente son eliminadas del país. La
desaparición de especies o la reducción alarmante de algunas poblaciones como la del
yaguareté en el Noreste, la de los guanacos en el Sur, la del cóndor en las sierras de
Córdoba, o la situación comprometida de los loros habladores o de las tortugas
terrestres, son síntomas de crisis ecológica.
También existen problemas ambientales en las áreas urbanas; todas las grandes
ciudades necesitan alimentos, agua potable, materias primas y energía. La satisfacción
de estas necesidades muchas veces implica el vaciamiento de ecosistemas naturales; las
aguas que se consumen dejan de circular por los ríos aguas abajo de las zonas urbanas; la
leña se obtiene de la destrucción de bosques y la provisión de alimentos determina el
uso de los suelos de cultivo. Las grandes urbes también provocan un impacto ambiental por
lo que producen, en particular los residuos, algunos de los cuales quedan dentro de las
propias ciudades, ya sea sobre terrenos y en el interior del suelo, o temporariamente en
la atmósfera. También se descargan sobre ríos y lagos, e incluso sobre las costas del
océano.
El más visible es el impacto de la contaminación de los suelos, del agua superficial
urbana y del aire, en especial en la franja de unos 400 km del gran conurbano, que se
extiende sobre las márgenes derechas de los ríos Paraná y de la Plata desde Rosario
hacia la desembocadura de este último; allí, sobre algo más del 2 % del territorio, se
concentra el 45 % de la población del país. Cada habitante produce entre 0,3 y 1,1 kg de
basura por día y aún hoy, la destrucción de la residuos domiciliarios e
industriales es un problema escasa o malamente resuelto en las principales ciudades del
país. Sólo el 50 % de los hogares del Gran Buenos Aires cuenta con servicios de
recolección diaria, mientras que esa cifra desciende casi al 25 % en los barrios más
pobres. El 16 % de los hogares no tiene servicio alguno de recolección de residuos
sólidos, por cuyo motivo apelan a la quema o al entierro de la basura. Los basurales a
cielo abierto y los criaderos clandestinos de cerdos, alimentados con residuos orgánicos,
se multiplican; incluso muchos de los “rellenos sanitarios” administrados
técnicamente, contaminan el agua subterránea y desestabilizan la estructura de los
suelos.
También representa un riesgo considerable, la proliferación en distintos lugares del
país, de enterramientos clandestinos de residuos industriales peligrosos, la
localización de depósitos de este tipo continúa siendo, en la mayoría de los casos,
desconocida. Según la Dirección Nacional de Calidad y Fomento Ambiental, sólo en el
área metropolitana de Buenos Aires, unas 40.000 fábricas producen por año 560 millones
de metros cúbicos de residuos líquidos y 280.000 toneladas de residuos sólidos y
semisólidos. Las industrias química y del petróleo generan el 50 % del volumen de
residuos peligrosos, las siderometalúrgicas y conexas el 40 % y las demás el 10%.
Las más contaminantes están radicadas mayormente al Norte y Sur del Gran Buenos Aires,
sobre el río de la Plata, desde Tigre hasta Berisso; a las que se suman los polos
petroquímicos de Bahía Blanca, que vierte en la costa Atlántica y los de Campana,
Zárate y San Nicolás de los Arroyos, sobre el río Paraná. En el conurbano bonaerense,
la mayor concentración de industrias con desechos peligrosos, se encuentra en los
partidos de Avellaneda, San Martín, Lanús, Quilmes y Ensenada, y en menor grado en La
Matanza, Merlo, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
No menos grave es el problema de la contaminación del aire urbano, considerando
además de los gases tóxicos, el ruido. En ambos elementos, la ciudad de Buenos
Aires tiene índices más altos que los tolerables. El problema del ruido está encuadrado
en la ordenanza Nº 39.025 según la cual su límite para zonas residenciales es de 45
decibeles (dB), mientras que para los barrios comerciales e industriales se extiende hasta
60dB y 65dB respectivamente; pero la mayoría de las arterias porteñas sobrepasa
ampliamente el límite de decibeles que puede tolerar una persona, con un promedio de 91dB
y picos de hasta 105dB.
En cuanto a los gases tóxicos, en especial el monóxido de carbono (CO), los
promedios medidos por el Plan Aires Limpio de la Fundación Argentina Siglo XXI, en el
microcentro de la ciudad de Buenos Aires, oscilan entre 10 y 13 partes por millón de
volúmenes de aire (ppm), cuando lo que la Organización Mundial de la Salud llama
“máximo tolerable” es de 9 ppm promedio en un plazo de ocho horas y el nivel
“ideal” es de 0,01 ppm. El monóxido de carbono emanado de los caños de escape
de los vehículos es uno de los mayores contaminantes. Los horarios picos de tránsito son
los que marcan los índices más altos de contaminación. Los automóviles son
responsables del 86 % de la contaminación vehicular, los colectivos del 8 % y los taxis
del 5,6 %.
Otro elemento muy peligroso también detectado en exceso en el centro de la ciudad, es el
plomo de las naftas, que es un veneno acumulativo y de excreción lenta. Los hidrocarburos
liberados por combustión lenta, también son contaminantes muy nocivos; en presencia de
la luz y la humedad se combinan con los óxidos de nitrógeno formando el smog.
En este campo, la ciudad de Córdoba, a nivel país, es uno de los casos más agudos. Su
localización en el fondo del valle del río Suquía, las frecuentes y duraderas
inversiones térmicas de otoño-invierno, que colocan un “sombrero” de aire
caliente sobre la ciudad, los numerosos días sin viento y la gran producción de
contaminantes por el parque automotor, son responsables directos del problema.
Frente
a estos problemas atmosféricos, resulta beneficiosa la presencia de espacios verdes,
en particular los forestados, por su efecto purificador del aire. Lamentablemente, las
grandes ciudades de nuestro país son deficitarias en la cantidad de estos espacios que
poseen, situación muy notoria en la Ciudad de Buenos Aires. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda que en las grandes ciudades debe haber entre 10 y 15 metros
cuadrados de espacio verde público por habitante, para mantener la “higiene
social”. En la Capital Federal, esa relación no llega a tres metros cuadrados por
habitante.
Esta insuficiencia repercute proporcionalmente en la calidad de vida de la ciudad, porque
el suelo tiene menor capacidad de escurrimiento, hay una mayor contaminación atmosférica
y sonora, menor regulación térmica y menos espacios estéticos y recreativos. A la falta
de “pulmones” naturales, se suma la distribución irregular de los espacios
verdes existentes.
Otro problema grave lo constituye la contaminación indiscriminada de las masas
superficiales y subterráneas de agua, un fenómeno común a casi todas las
ciudades del país, que se suma a la sobreexplotación de las reservas de muchos mantos
acuíferos subterráneos existentes, algunos de los cuales quedarán agotados en pocos
años. Esta situación compromete la satisfacción de las necesidades de agua potable de
la población, en especial cuando el agua por ella utilizada proviene de ríos o espejos
cercanos a la ciudad y que están cada día más contaminados, encareciendo y dificultando
los procesos de depuración y potabilización de dichas aguas, hecho que debería derivar
en una modificación de los hábitos de consumo.
En Buenos Aires, el principal curso de agua contaminado es el del río de la
Matanza-Riachuelo, con una cuenca que abarca 2.303 km². Unos 353 establecimientos vuelcan
anualmente un caudal de 78.663 metros cúbicos de efluentes sin ningún tipo de
tratamiento en el Riachuelo, lo que determina la inexistencia de oxígeno en ciertos
sectores de su recorrido, en los que las únicas que pueden sobrevivir son bacterias que
funcionan sin oxígeno. El cauce presenta una escasa pendiente y el caudal, sumamente
irregular por la influencia de las precipitaciones, oscila entre 3m/seg y más de 1.000
m/seg. Las sudestadas y las crecidas del río de la Plata funcionan como un tapón en su
desembocadura e impiden la salida de la masa de agua. A esta situación se suma la
presencia de numerosos cascos de barcos hundidos que dificultan el normal escurrimiento de
las aguas y la existencia de lodos altamente tóxicos en el lecho del río.
También las ciudades del interior del país, sufren el problema de la contaminación de
sus masas de agua; así, por ejemplo, Villa Carlos Paz y otras localidades del valle de
Punilla, en Córdoba, han impactado las aguas del lago San Roque con una permanente
descarga de líquidos cloacales. La degradación de este lago también afecta a la ciudad
capital de la provincia, ya que es actualmente, el principal proveedor de agua para
potabilización.
Un caso similar se registra en el lago Nahuel Huapi, donde los 25 km costeros de la ciudad
de San Carlos de Bariloche lo impactan con residuos cloacales difusos y concentrados. San
Martín de los Andes, frente al lago Lácar; Mar del Plata en la costa atlántica; el río
Arenales en Salta; el Salí-Dulce en Tucumán y Santiago del Estero; el Reconquista en
Buenos Aires y una larga lista de casos igualmente preocupantes, definen la variedad de
ambientes acuáticos contaminados del país.
Finalmente, cabe consignar los problemas ecológicos existentes en la Antártida
(donde se encuentra el 70 % de las reservas mundiales de agua dulce en forma de hielo) los
que esperaban ser superados con la firma del Protocolo de Madrid, de 1991. Los países con
intereses en este continente se comprometieron a no explotar los recursos minerales de
dicho territorio y a adoptar una serie de medidas tendientes a preservar su ambiente.
Lamentablemente, si bien la Argentina lo ha hecho, la mayoría de las naciones del Tratado
Antártico no han logrado la ratificación parlamentaria del Protocolo, situación que
conlleva una falta de control de la contaminación realizada en el entorno de las bases
instaladas en el continente. La incineración de residuos a cielo abierto, los derrames de
combustible y las aguas servidas arrojadas al mar sin tratamiento previo son algunas de
las prácticas que persisten y que significan una constante violación a las disposiciones
del Protocolo.
