Breve reseña histórica de las Políticas de población en la Argentina

Durante el primer período de inmigración transatlántica, existía una propuesta poblacionista concreta, guiada por el lema "gobernar es poblar", con lo cual   se resumía una visión típica de la época para un país semidesértico.

Esta propuesta colonizadora se expresa en la Constitución Nacional Argentina que en su Preámbulo llama "a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino". La Constitución Argentina delinea globalmente una política inmigratoria de puertas abiertas dirigida a captar contingentes europeos, a los que garantiza un status jurídico de igualdad de condiciones con los nativos. Si bien las leyes proinmigratorias empezaron con Rivadavia durante 1820,  sólo cobran auge en 1880 cuando la apertura de tierras nuevas permitió incorporar la economía argentina en forma más completa al mercado mundial por la vía de la producción cerealera (Balán, 1990). La generalización de esta práctica se concreta con la sanción de la Ley Avellaneda No. 817 del 6/10/1876. Esta ley propone un modelo de inmigrante europeo, colono portador del progreso, y la civilización para un país casi deshabitado. Ella facilitó la incorporación de casi cuatro millones de extranjeros (Novick, 1986). En ese momento la inmigración italiana y mediterránea cumplió un papel fundamental. La población italiana tenía una presencia activa en el medio urbano llegando incluso a constituir, hacia 1870, cerca de una cuarta parte de la población de Buenos Aires (Scarzarella, 1983).

Sin embargo este proyecto modernizador mostró rápidamente contradicciones y ambigüedades. La ley 4144 del 22 de noviembre de 1902, llamada la "Ley de la Resistencia" dictada por Roca, descubre una imagen diferente del inmigrante: el sospechoso, el peligroso, el indeseable. Esta norma permite expulsar del país a cualquier extranjero que "comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público". Ocho años después se elabora aún más esta idea en la ley de "Defensa social reglamentando la admisión de extranjeros en el territorio argentino". En ésta, además se identifica explícitamente aquellas ideologías que atentaban contra el orden y seguridad  nacional. "La ley de resistencia  aparece como una respuesta de élite política, frente al movimiento sindical y urbano, liderado por extranjeros, mientras la ley de Defensa Social sintetiza la lucha contra el terrorismo ante la agudización del conflicto social"(Novick, 1986 p.246)

A partir de 1930 esta afluencia declina, pero no por causa de las leyes restrictivas sino como producto de una crisis del modelo económico, que no hace de la Argentina un país tan atractivo para los europeos. A partir de esta fecha las normas sobre aceptación de inmigrantes se vuelve más restrictiva terminando la etapa de "puertas abiertas" y dando lugar a la nueva de "selección" acorde con la tendencia internacional, producto de la crisis económica.

A partir de la década del 60 surgen normas que regulan la situación de los inmigrantes latinoamericanos.  Esta afluencia es vista como un "problema". Surge aquí la contradicción: por un lado la necesidad de mano de obra - que solo los países vecinos podían aportar - y por el otro, el consenso de que los inmigrantes deseados eran los de origen europeo. En 1967, el gobierno de facto de Onganía dicta la ley No. 17.294 que expresamente prohibe a los extranjeros ilegales y a los temporarios, desarrollar tareas remuneradas, es decir, se les impide trabajar. En 1969, el mismo gobierno, preocupado por el clima extendido de protesta social, dicta la ley 18.235 por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a expulsar a residentes extranjeros cuando realizasen en territorio argentino "actividades que afecten la paz social, la seguridad nacional o el orden público". Los gobiernos militares muestran preocupación por la cuestión poblacional. En 1977 el gobierno de Videla dicta el decreto 3938 por el cual se aprueban los Objetivos y Políticas Nacionales de Población. En él se habla de la necesidad de "selección y encauzamiento".

Por otra parte, los gobiernos democráticos muestran su coherencia: todos han dictado decretos de amnistía, facilitando la radicación definitiva.

El 23 de abril de 1981 se promulga la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, No 22.439 que establece disposiciones sobre la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros. Esta ley es la que está vigente hasta el día de hoy, aunque ha sido actualizada y modificada a través de decretos. La última normativa legal sobre la materia es el Decreto 1023 promulgado el 29 de junio del 94 y que principalmente establece nuevos requisitos para obtener la residencia temporaria y definitiva en la Argentina.

La ley en su capítulo II establece las categorías de admisión de los extranjeros a la Argentina.

-Se considera residente permanente a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter.

-Se considera residente temporario a todo extranjero que, con el ánimo de establecerse en el país en forma no permanente, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter con la finalidad de desarrollar algunas de las actividades señaladas por la ley. Por ejemplo personas que ingresan al país con el fin de desarrollar actividades técnicas y laborales, estudiantes y religiosos.

-Se considera residente transitorio a todo extranjero que obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones, una admisión por motivos tales como: tránsito, turismo, realizar negocios entre otros.

Las personas que son admitidas como residentes permanentes obtienen la radicación definitiva en el país. Este trámite se realiza en la Dirección Nacional de Migraciones salvo cuando ingresa al país con "Permiso de Ingreso Permanente" en cuyo caso se tramita en el consulado argentino del país de origen. Una forma de obtener esta radicación con aranceles más accesibles y menor cantidad de requisitos es a través de las amnistías documentarias que se realizan periódicamente.

Se admite al país a un extranjero como "residente temporario" por un plazo máximo de tres años renovables por períodos de hasta tres años.

El ingreso a la Argentina en calidad de "residente transitorio" no admite, según la normativa argentina, la realización de trabajos asalariados en situación de dependencia. Sin embargo es la forma de ingreso más utilizada por aquellos que desean inmigrar a la Argentina con fines laborales, pero no cuentan con los recursos necesarios para tramitar la residencia transitoria. La visa tiene un plazo máximo de 3 meses, una vez expirada permanece en el país en calidad de ilegal.

volver.gif (977 bytes)