Córdoba se había convertido en la capital industrial del interior. En ella estaban instaladas la mayoría de las fábricas de automotores del país, una industria moderna propiedad de poderosas sociedades extranjeras como Fíat y Renault. Esta última había adquirido las instalaciones de Industrias Kaiser Argentina, IKA, de origen estadounidense, radicada en Córdoba desde 1955 y dedicada a la producción de automóviles. Los obreros industriales que trabajaban en esas plantas recibían salarios más altos que el salario promedio industrial percibido en otras provincias. Como resultado de todos estos factores, en la ciudad de Córdoba se profundizó el proceso de urbanización.

      En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual se derogaban los regímenes especiales sobre el descanso del sábado inglés en Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba. Al mismo tiempo también anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios. Obreros y estudiantes enfrentan a la policía provincial.

      En Córdoba, las regionales de SMATA - el Sindicato de los Mecánicos de Automotores y Transportes de la Argentina -, de Luz y Fuerza y la UTA - Unión de Tranviarios Automotor- convocaron a una asamblea general. Las conducciones de estos tres sindicatos, cuyos trabajadores recibían los salarios más altos del país, lideraron la protesta. La sesión de esa jornada terminó con un enfrentamiento con la policía y un llamado al paro general.

       El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles de Córdoba. Ante la magnitud de la movilización; Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. La protesta fue un hecho localizado en la ciudad de Córdoba y como resultado de los enfrentamientos hubo presos, decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación.

      La protesta se extendió a otras provincias. Rosario fue declarada zona de emergencia y colocada bajo jurisdicción militar. También se profundizaron los conflictos en la provincia de Tucumán. El cordobazo fue el inicio de un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada que, desde entonces y por varios años, se desarrolló en la sociedad argentina.

Image00.gif (204 bytes)  Los estudiantes en el mayo cordobés.

      Un rasgo original del movimiento estudiantil de 1969 fue el ejercicio de la crítica a la organización, los contenidos y la práctica de la enseñanza. Es cierto que esta línea de acción estudiantil fue uno de los argumentos centrales de la Reforma de 1918, y el movimiento estudiantil reformista siempre manifestó una genuina preocupación por lo que se denominaba la cuestión de la calidad de la enseñanza. Lo distintivo de 1969 fue la radicación de los planteamientos y el inicio de lo que podríamos llamar acción directa en muchas cátedras, escuelas y facultades, contra los profesores que eran considerados los representantes más evidentes del statu o la política de la dictadura en lo académico: mala calidad de sus conocimientos, desactualización, falta de pluralismo en los discursos, autoritarismo en la relación docente - alumno.

      Lo novedoso respecto de la práctica anterior del movimiento reformista estuvo dado por la masividad de la participación y la generalización de los reclamos hasta constituirse en una demanda general que abarcó prácticamente a toda la universidad.

      Además, los reclamos relacionados con la calidad de la enseñanza se convirtieron en el eje de una movilización activa e inmediata. (Tomado de Horacio Crespo y Dardo Alzogaray, Los estudiantes en el Mayo cordobés).

Image00.gif (204 bytes)  Los sectores sociales y políticos frente al Cordobazo.

      Luego de los sucesos del Cordobazo, los distintos sectores sociales analizaron los hechos con la intención de encontrar su significado.

      Los empresarios de la Confederación General Económica y el sindicalismo participacionista y vandorista explicaron el Cordobazo como el resultado de la aplicación de una política económica y social liberal que, por no contemplar los costos sociales, generaba tensiones que se habían acumulado y que finalmente explotaron en aquel episodio. Frente a esta situación, proponían la conformación de una alianza social entre algunos sectores de las Fuerzas Armadas, los empresarios nacionales y los trabajadores. Reconocían la importancia de las inversiones de capital extranjero pero sostenían la necesidad de un mayor control sobre ellas.

      Tanto la CGE como la CGT propusieron la sustitución de Krieger Vasena. Ambas entidades entendían que las movilizaciones populares que se habían extendido en todo el país después del Cordobazo, podían servir como elemento para presionar al gobierno y lograr cambios en la orientación de las políticas que favorecieran sus intereses.

       Los principales medios periodísticos y amplios sectores de la gran burguesía industrial tenían una lectura diferente de la situación. Desde el punto de vista de estos sectores, los acontecimientos ocurridos en el interior fueron el resultado de la falta de autoridad del gobierno frente a lo que entendían era el avance del comunismo internacional. Criticaron que el gobierno no hubiera desmantelado la capacidad de organización de los sindicatos y que no hubiera ordenado reprimir con mayor dureza los desbordes sociales.

      Desde el punto de vista de las organizaciones de la izquierda peronista y los partidos y agrupaciones de izquierda no peronista, el Cordobazo significaba el comienzo de la revolución social que conducía al país hacia el socialismo.

       Por su parte, los partidos políticos tradicionales, el peronismo y el radicalismo pensaban que la violencia social tenía que tener como objetivo la recuperación de la democracia. Sostenían que la vida política del país debía reencauzarse en las instituciones del sistema republicano.

      Para los sectores liberales más tradicionales, el Cordobazo representaba la pérdida del orden y la confirmación de la imposibilidad de consolidar un modelo económico de crecimiento y de estabilidad sobre la base de los valores nacionales.

Image00.gif (204 bytes)  Las consecuencias políticas del Cordobazo.

      El Cordobazo provocó varias renuncias en el gobierno. Fueron reemplazados el general Imaz, ministro de Interior y hombre de confianza de Onganía, y el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena.

      Krieger Vasena fue reemplazado por Dagnino Pastore, un técnico alejado de las expectativas de la CGE y la CGT pero que tampoco contaba con la confianza de la gran burguesía industrial. Rápidamente disminuyeron las inversiones y se aceleró la inflación.

      Los sectores militares liberales comenzaron a planear el desplazamiento de Onganía del gobierno. Para la gran burguesía industrial y la mayoría de las Fuerzas Armadas, los tiempos de Onganía al frente del gobierno habían llegado a su fin.

      Hacia 1970, estos sectores no tenían muy claro qué tipo de sistema iba a reemplazar al instaurado por Onganía. No estaban de acuerdo con la política negociadora de Onganía con los sindicatos, pero consideraban necesario encontrar una salida política que contuviera la presión social y obtuviera cierto consenso entre algunos sectores de la sociedad.

      También para los sectores más conservadores, el Cordobazo había puesto en evidencia las limitaciones del Estado burocrático autoritario implantado en 1966.

Image00.gif (204 bytes) La caída de Onganía.

      Después del Cordobazo, el clima de violencia social se agravó. El 30 de junio de 1969, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Esta medida, que significaba la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos fue justificada para "dotar al gobierno del instrumento legal adecuado para asegurar la paz y el orden en todo el territorio de la república".

      Sin embargo, entre junio de 1969 y mayo de 1970 se produjo una serie de acontecimientos violentos y movilizaciones sociales que tuvieron profunda repercusión en toda la sociedad y que terminaron de debilitar la posición de Onganía.

      Sin duda, el hecho decisivo que precipitó la caída de Onganía fue el secuestro del general retirado y ex presidente Pedro Eugenio Aramburu por los Montoneros en el mes de mayo de 1970. Aramburu fue asesinado el 1 de junio y su cadáver fue encontrado unos días después.

      El 8 de junio, la Junta de Comandantes dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que "las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo Nacional". Finalmente, esa noche, Onganía presentó su renuncia.