PALABRAS DEL SR. SUBSECRETARIO DE POBLACIÓN EN EL DÍA DEL INMIGRANTE

    Conmemoramos hoy un nuevo día del Inmigrante en la Argentina  país que se ha nutrido en sus raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes provenientes de los más recónditos y variados lugares del mundo.

     Por lo general, en ocaciones como esta, solemos referirnos al papel que la inmigración  jugó en el pasado en la construcción del país que hoy somos, y es habitual que recordemos con cariño a nuestros padres y abuelos italianos, españoles, judíos, rusos, armenios, y de muchos orígenes más. Y es que la inmigración está presente en la historia nacional casi desde los comienzos de nuestra conformación como Nación libre e independiente.

     La cuestión del poblamiento tuvo un carácter fundacional en la formación de la Argentina moderna, y así lo hicieron manifiesto los arquitectos de la Nación en el siglo pasado. Cuando Juan Bautista Alberdi señalara que gobernar es poblar, dos preocupaciones básicas subyacían a esta máxima. Por un lado, la consolidación de las fronteras nacionales requería de población que viniera a habitar los amplios espacios escasamente habitados existentes.

     La segunda preocupación tenía que ver con el modelo de Argentina que se estaba construyendo, modelo que le permitiera al país una efectiva y conveniente integración al mercado mundial. Si bien es cierto que esa Argentina "granero del mundo" requirió de ingentes cantidades de personas que llegaban de Europa, también es cierto que las actividades de exportación vinculadas a los mercados europeos habían generado un importante sector de servicios. Y allí estaban las primeras generaciones de argentinos hijos de inmigrantes, conformando el nuevo sector profesional urbano que el país demandaba.

     No cabe duda entonces que la Argentina pudo resolver eficazmente, no sin algunas dificultades, los desafíos que planteaba la integración económica, social y cultural de miles de inmigrantes que llegaban a estos confines en busca de un nuevo hogar. Y es precisamente esto lo que debemos rescatar de aquella experiencia: la capacidad de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin importar su origen, raza o religión.

     Ahora bien, ¿cuál es el rol que juega la inmigración en la sociedad argentina de fines de milenio? Sin dudas el escenario nacional e internacional ha sufrido profundas transformaciones estructurales, que tienden -por lo demás- a ser cada vez más vertiginosas. En el mismo sentido podemos preguntarnos ¿qué significación adquieren las fronteras en un nuevo espacio de integración regional como es el MERCOSUR?

     La distancia entre aquella sociedad joven y promisoria que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos y la que hoy conformamos es muy grande; no tanto por la cantidad de años que pasaron, sino más bien y muy especialmente por los cambios de orden cualitativo que se han gestado.

     La revolución tecnológica, el rol de la información y el conocimiento, la globalización en la esfera cultural, la consolidación de la democracia y el mercado como sistemas de regulación de las relaciones políticas y económicas de la sociedad contemporánea, entre otros, son elementos inéditos que ponen de manifiesto la peculiaridad de este momento histórico. Momento histórico que, por lo demás, nos obliga a redefinir y readecuar las políticas atinentes a la movilidad de las personas y al papel de las fronteras, todo ello en función de nuestros objetivos de integración y desarrollo. En un escenario donde los cambios son tan dinámicos, mayores son los desafíos en términos de   adecuación de las respuestas institucionales que podamos dar a estos fenómenos.

     Es por ello que una fecha tan significativa como la que hoy nos convoca siempre es propicia para reafirmar nuestra convicción de que todos los trabajadores, tanto migrantes como no migrantes, deben gozar de los mismos derechos y obligaciones, garantizando la igualdad de oportunidades en el marco de las normas legales vigentes.

     Deben adoptarse entonces las medidas tendientes a evitar y prevenir las situaciones de ilegalidad que perjudican directamente a los propios trabajadores extranjeros, que son utilizados como mano de obra barata y sometidos a condiciones de explotación que vulneran los más elementales derechos humanos. La ilegalidad conlleva marginalidad, lo que profundiza aún más las condiciones de explotación.

     La legislación debe sancionar entonces a los generadores de ilegalidad, combatiendo de esta manera la competencia desleal, la marginalidad y la xenofobia que surgen en ese contexto, y establecer claramente las normas en materia migratoria que se adecuen a las nuevas condiciones sociales y económicas del país. Podríamos decir que se trata de un imperativo ético impostergable si queremos seguir siendo un país de inmigración, abierto al hombre de trabajo.

     La ilegalidad es un flagelo, fundamentalmente para el propio trabajador ilegal más que para el país donde se instala. Y en esto hay que ser claro: inmigración no es lo mismo que ilegalidad, e ilegalidad no es lo mismo que delincuencia. Nosotros queremos construir con inmigración y no con la ilegalidad; por eso nuestras acciones van dirigidas hacia los que la generan. Quienes así lo hacen, no sólo están vulnerando los derechos elementales de las personas, sino que están también enriqueciéndose a costa de todos aquellos que, pagando sus impuestos, contribuyen al crecimiento del país.

     Una herramienta clave en esta tarea será la modernización de los sistemas de identificación y documentación personal, la cual va mucho más allá de la simple confección de un DNI. Ella será un instrumento clave en nuestras políticas de frontera puesto que permitirá también la informatización del control de ingresos y egresos de todos los pasos de frontera del país.

     El DNI es un arma importantísima para los inmigrantes en la defensa de sus derechos laborales frente al accionar de empleadores inescrupulosos que se aprovechan de la situación de aquellos que se encuentran indocumentados.

     En esa dirección venimos trabajando desde hace unos años, y con tal espíritu fue que se puso en marcha el Programa de Regularización Migratoria que, entre fines 1992 y principios del 94, permitió la regularización de poco más de doscientos mil inmigrantes de los países limítrofes. Lo mismo podemos decir de los programas especiales de facilitación para ciudadanos peruanos y bolivianos instrumentados posteriormente.

     Las modificaciones que hemos venido introduciendo en la normativa migratoria han constituido otro escalón más en nuestro objetivo de armonizar los flujos migratorios con las prioridades del desarrollo económico y social de la Nación.

     De allí que, sean cuales fueren las medidas que sigamos tomando en aras de profundizar la     integración regional, no caben dudas que, como expresara S.S. Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens: "... Lo más importante es que el hombre que trabaja fuera del país natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto de los demás trabajadores de aquella sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado, deben valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador en aquella sociedad. El valor del trabajo debe medirse con el mismo método y no en relación con las diversas nacionalidades, religión o raza. Con mayor razón, no puede ser explotada una situación de coacción en la que se encuentra el emigrado. Todas estas circunstancias deben ceder absolutamente -naturalmente una vez tomada en consideración su cualificación específica-, frente al valor fundamental del trabajo, el cual está unido con la dignidad de la persona humana."