Situaciones de patología social.

No caben dudas de que, finalizado el siglo del control de drogas, se impone una evaluación realista de sus resultados y que esta debe realizarse desde la óptica del país periférico del circuito económico producción-consumo. Para los cruzados de la guerra contra las drogas, las evaluaciones no son necesarias. Como ya esta definido el enemigo, y la bondad de la guerra, no hay nada que corregir. Los fracasos siempre se deben a la escasez de recursos y su propuesta es mas de lo mismo.

En este sentido, los Estados Unidos han mantenido una estrategia invariable; la interdicción fuera de sus fronteras, la militarización de los países productores de América Latina aun a costa de su propia gobernabilidad, y la elevación de fondos destinados al cumplimiento de la ley, que de U$S 2.700 millones para el año fiscal, en 1985, sobrepasó los 15.900 millones en 1998.

Este curso de acción posee la ventaja de poder culpar a las influencias externas de los males domésticos pero está reñido con la estructura económica del tráfico de drogas: los costos de producción y contrabando de las sustancias constituyen un pequeño porcentaje del tráfico final de la cocaína. Los niveles más importantes de ganancia se obtienen en los países consumidores. La dinámica de las políticas que dan forma a las estrategias antidrogas de los Estados Unidos hace improbable, si acaso imposible, un giro hacia una aproximación más realista al problema del control doméstico de la oferta.

Desde nuestra perspectiva, debe ponerse fin a esta guerra irracional, que vuelve a remilitarizar nuestro continente y que ha criminalizado a grandes sectores de la población a la miseria provocada por los planes de ajuste y la caída de los precios de los productos primarios de exportación. Por otra parte no ha podido evitar y si extender los procesos de corrupción.

El diagnóstico

La planificación de una acción política nacional concertada debe partir, del siguiente diagnóstico de realidad:

  1. Que el consumismo de drogas se haya mantenido constante a lo largo del siglo, con un crecimiento apenas vegetativo, nos revela que trasciende cualquier patología individual o social y que no ha variado la función de utilidad que aquella tiene para importantes segmentos de la población: pobres y ricos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, etc.
  2. La Argentina carece prácticamente de producción autónoma de drogas prohibidas, pero cuenta con mas de 10.000 Kilómetros de frontera y zonas de escasa densidad de población, lo que la torna vulnerable a todos los tráficos ilegales, drogas, armas personas, etcétera, y mucho mas en épocas de globalización caracterizada, entre otras cosas, por la velocidad y facilidad de circulación de bienes y servicios a través de las fronteras. Las uniones regionales con el NAFTA o el Mercosur tienen mucho de inteligente por planear: no se trata de groseras operaciones militares sino de sofisticadas maniobras de interdicción que no lleguen a obstaculizar la fraudes de los tráficos comerciales. Algo de esto debemos practicar en materia de lavado de dinero, tema en que, sin impedir la circulación de capitales – las que no se pueden dejar de atraer - , debe evitarse que el dinero negro controle sectores claves vinculados con el servicio publico y las comunicaciones.
  3. Desde la reforma introducida al código penal por la ley 11.331 del año 1926, todas las discusiones referidas al control punitivo de las drogas se han centrado en el castigo del consumidor, sobre la base de que integra el binomio consumidor-narcotraficante. Esto, unido a la incriminación de toda forma de posesión de estupefacientes, o aun en cantidades ínfimas, ha generado un derecho penal altamente selectivo, de bagatela, dirigido a la criminalización de un gran numero de jóvenes pero que deja intacta la estructura de comercialización. Por otra parte, las disposiciones de los artículos 14 a 22 de la ley de estupefacientes han convertido a los centros en prolongaciones del sistema penal, en los que resulta muy dudoso valorar sus resultados.
  4. Como se ha demostrado, la justicia federal ha concentrado sus recursos escasos en aparatosos procedimientos de poca relevancia, bien publicados, mientras permanecen impunes extendidas redes de comercialización mayoristas y minorista.
  5. En este ultimo aspecto, como consecuencia de la corrupción tolerante, se ha democratizado el expendio minorista de drogas ilegales que tienen lugar a la vuelta de la esquina no solo realizada por pandillas locales, sino tambien por otros sectores sociales: empleados, obreros, profesionales, pequeños comerciantes, amas de casa y agentes del orden, que complementan sus ingresos o palian el desempleo mediante esta actividad ilícita.
  6. En materia de consumo de sustancias legales e ilegales, la radiografía del primer estudio nacional sobre el uso de drogas encomendado por la Sedronar al estudio Hugo Haime & Asociados – que abarca 2699 numeros adultos, entre 16 y 65 años, y 356 menores, de 12 a 15 años – relevo que el 2,9 % dijo haber consumido sustancias ilegales en los 30 días anteriores al estudio; 66,2 % consumió alguna bebida alcohólica; el 39,8%, tabaco; el 1,4% uso medicamento en forma ilícita, y el 23,4 % dijo no consumir ninguna de las sustancias medidas.

Las propuestas

Hay que partir de la base de que el consumo de drogas en las sociedades modernas tiene una significación compleja relacionada con la exclusión, la marginalidad, la soledad, la angustia y las situaciones de vacío individual y social. A esas causas hay que apuntar mediante acciones planificadas de prevención inespecífica, que no distingan entre drogas legales e ilegales, que tengan en cuenta las reales necesidades de los destinatarios y que deben ser ejecutadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de probada experiencia. En este aspecto, es muy poco lo que pueden aportar las agencias extranjeras.

Hay que desarrollar estrategias diferentes para la reducción de la demanda y de la oferta. Es imperativo que el consumidor de drogas, adicto o no, quede fuera del derecho penal. Esto no significa ninguna forma de legalización, sino la asunción de que los problemas sanitarios y sociales no pueden ser manejados por el derecho penal sino que deben ser abordados por el derecho sanitario y de familias.

Las patologías relacionadas con las drogas legales e ilegales deben abordarse junto con otros males de la llamada posmodernidad, como la anorexia, la bulimia, la obesidad, el culto de la propia imagen, etc. Este abordaje debe ser realizado por equipos profesionales y técnicos sin condicionamientos interferencias legales ni judiciales.

Las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, de precursores químicos y el lavado de dinero deben ser trazadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezando una policia judicial con el mas alto nivel de idoneidad, respondiendo a los siguientes principios:

  1. Mediante la cooperación internacional y desplegando técnicas de vigilancia especial, penetración en las organizaciones y la llamada entrega vigilada intentar de desarticular las grandes redes de comercializaciones con destino a los países centrales. Esto exigirá trabajo silencioso, cuya acción exitosa raramente se concretará dentro de nuestras fronteras.
  2. Una enérgica acción represiva contra los distribuidores locales y sus redes de protección y corrupción. Ninguna acción será posible en el campo de la prevención o el tratamiento sin la disuasión de la venta callejera. Esto debe ir acompañado del desmantelamiento de las redes de protección políticas y policiales.
  3. La acción preventiva contra el lavado de dinero debe centrarse en la responsabilidad de los operadores del sistemas financieros, la responsabilidad técnica de las Unidades de Investigación Financieras y la acción decidida del MPF. Aquí se juega sin exageración el futuro de la gobernabilidad democrática frente a los riesgos de inmensos capitales de gran concentración y poder corruptor y por ende con enorme vocación de poder político.

En síntesis, reconocer la complejidad de los problemas sociales, la necesidad de abordajes múltiples movilizados a la propia comunidad, con la retaguardia de un sistema penal idóneo y estructuras de poder. Los demás serán simples adhesiones formales y legales a receta importadas.

Fuente: Diario La Nación, 28 de noviembre de 1999

Horacio R. Cattani